Encuentros AMES COVID-19

D. Federico Sanchez Camacho
Presidente de AMES

El pasado 15 de octubre, tuvo lugar en el Parador Málaga Golf, Organizado por la Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad, un encuentro con los empresarios para analizar la situación de la COVID-19 y sus consecuencias.

Para ello se contó con la asistencia de las empresas de seguridad y con la presencia de la Vicepresidenta Ejecutiva de la CEM, Dña. Natalia Sanchez, que nos informó tras un análisis de como ha venido y viene afectando a las empresas la pandemia y las perspectivas de estas de cara al futuro.

También estuvieron presentes las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado por la conexión directa con nuestro sector. Al Inspector Jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía. D. Antonio Bolívar. Al Teniente, Jefe de la Unidad de Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. D. Antonio Martínez.

Ellos nos hablaron de cuales han sido las dificultades de sus departamentos a la hora de gestionar la Pandemia, y de su comunicación con el sector en unos momentos de grandes restricciones a la hora de solventar situaciones en las que se han visto involucradas las empresas de seguridad.

También estuvo presente, D. Antonio Soto, Jefe de servicio de la Subdelegación del Gobierno de España en Málaga, para que nos informó de todo aquello de interés relacionado con nuestro sector y con la COVID-19.

Por último, hubo una disertación de D. Jorge Salgueiro, Director Legal de FES, Abogado y experto en cuestiones de Seguridad Privada como Presidente de AECRA. Que realizo una exposición sobre el Sector de la Seguridad Privada, ante los efectos de la COVID-19. Problemática y Soluciones. Conclusiones personales ante los nuevos retos normativos y transformación digital.

AMES, ha creído necesario realizar este encuentro y hacerlo con personas que nos pudieran situar en estos momentos, en un terreno con grandes dificultades para las empresas en general, y para el sector de la seguridad privada en particular.

A continuación, exponemos las intervenciones y conclusiones a las que han llegado los intervinientes, las cuales elevamos a la consideración del sector.

Dña. Natalia Sanchez
Vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la CEM

Señoras y señores, buenos días a todos. Quiero ante todo saludar muy especialmente a:

• Federico Sánchez Camacho y Antonio Medina, Presidente y Secretario General de AMES, respectivamente.

• A los intervinientes: Antonio Bolívar, Inspector Jefe la Unidad Territorial de Seguridad Privada del CNP; Antonio Martínez, Teniente Jefe de Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga; Antonio Soto, Jefe de Servicios Jurídicos de la Subdelegación del Gobierno de España en Málaga, y Jorge Salgueiro Rodríguez, Presidente de AECRA.

Así como transmitirles a todos un saludo muy afectuoso de nuestro Presidente, Javier González de Lara.

Intervención:

Realidad empresarial ante el COVID19: Presente y futuro - 15 de octubre de 2020

Y agradecer la oportunidad que se me brinda, como Vicepresidenta Ejecutiva/Secretaria General de CEM, de participar en esta reunión de trabajo, de análisis de contexto, y en este sentido dirigiros algunas reflexiones.

No puedo comenzar sino refiriéndome a las actuales circunstancias, en las que la incidencia de la crisis sanitaria del Covid-19 ha impactado de forma directa en todos los aspectos de nuestra vida, generando incertidumbre, haciendo aún más complejo nuestro entorno, y afectando de manera especial a las empresas y a su capacidad para la generación y el mantenimiento de puestos de trabajo.

A comienzos de 2020, Málaga ostentaba ratios favorables de crecimiento: en creación de empresas, en disminución del desempleo, en crecimiento del PIB y de las exportaciones, en incremento de número de visitantes y turistas, visados de viviendas,… Todo ello varió ostensiblemente a partir de la declaración del Estado de Alarma, en el mes de marzo, con consecuencias inéditas y profundas.

Así, tenemos un gran número de sectores empresariales en los que se decretó el cierre, como el educativo, el ocio, el turismo, parte del transporte, del comercio minorista…

Otros como la construcción, la industria, la minería o la aeronáutica estuvieron tan sólo unos días más operativos, o sufrieron problemas de suministros, e incluso conflictividad por la necesaria adopción de difíciles medidas de prevención.

En el caso contrario, hubo sectores declarados esenciales (seguridad, logística, agroalimentario, financiero, asesoría empresarial, sanitario,…) que mantuvieron su actividad, aunque sometida a una gran tensión organizativa.

Hasta siete de cada diez empresas se vieron afectadas en su actividad en nuestra región durante los meses del confinamiento, con caídas de actividad superiores al 50% con carácter general, y muchas de ellas tuvieron que recurrir de forma repentina, como he indicado, a medidas de flexibilidad como el teletrabajo o la suspensión temporal de empleo en cuanto a horas o personas.

Más en concreto, en Málaga alrededor de 125.000 personas y más de 24.000 empresas fueron incluidas en ERTEs en este tiempo.

Ha sido importante también el cierre definitivo de otras muchas empresas, y estos proyectos empresariales y estos puestos de trabajo han de volver a generarse.

Por otra parte, la temporada turística, que siempre ha tenido un impacto grande y favorable para la economía provincial, no ha funcionado este año según lo esperado. Las restricciones a la movilidad de países europeos, los rebrotes, la pérdida de confianza de los consumidores, la incertidumbre en sí, han supuesto un freno a la actividad, haciendo que la “nueva normalidad” se presente dura y compleja.

Dura y compleja, además, porque, debido a diversas causas, la presente crisis nos viene afectando en mayor medida que a otros territorios europeos, y las perspectivas de futuro implican un notable retroceso del PIB y otros indicadores económicos de relevancia.

Para afrontar todas estas circunstancias sobrevenidas, se ha ido generando un número importante de normas jurídicas, más de 220 entre estatales y autonómicas, en un corto período de tiempo.

Se han sucedido Decretos, Órdenes, interpretaciones, aclaraciones e incluso documentos ministeriales, sin rango normativo, donde se generaba información a través del modelo de consulta.

Unas normas bienintencionadas, pero que en ocasiones han incurrido en el intervencionismo o en la falta de respuesta acorde a las necesidades reales de nuestro tejido productivo.

Y es que, sin duda, la llegada del Covid-19 implica un nuevo escenario. En las dinámicas sociales, en las relaciones laborales, e incluso, en los hábitos de consumo y en la movilidad de los ciudadanos.

Un marco general en el que los conceptos de confianza, unidad, participación, consenso y compromiso cobran, por necesarios, una nueva y amplificada dimensión.

Porque la solución a esta crisis pasa por garantizar la salud de las personas, pero también por la reactivación de la economía, dinamizando nuestro entorno productivo y social y evitando errores como incrementar el intervencionismo, contraponer lo público con lo privado o cambiar nuestro modelo productivo a golpe de decreto.

Es por ello que debemos primar la seguridad sanitaria, sí, pero también la jurídica, intensificando las medidas de toda índole que supongan un apoyo a las empresas –flexibilidad laboral, liquidez, acceso a crédito en condiciones asequibles, prórroga de ERTES (que ya nos gustaría que fuera más estable)-, porque son estas medidas, y lo estamos viendo, el sostén de nuestra economía y nuestra sociedad en estos tiempos complejos.

Debemos decirlo muy claro: la recuperación dependerá en buena medida de nuestra capacidad para colocar la empresa, como generadora de desarrollo, recursos y empleo, en el centro de la toma de decisiones.

Porque operamos en un contexto global, en el que la competitividad cuenta, y no podemos permitirnos oportunidades perdidas.

Desde CEM prestamos atención, en el corto plazo, a cuestiones esenciales como son el apoyo a los sectores más afectados, la atención a proyectos de desarrollo empresarial, o las herramientas empresariales para la adaptación al contexto.

En el medio y largo plazo, prestamos especial atención a aquellos programas o proyectos orientados a la competitividad, teniendo muy presentes los anunciados recursos europeos, y en coordinación con CEOE y CEA.

Y, como decía, las garantes del empleo no son otras que las empresas. Por lo tanto, resulta fundamental que el contexto normativo y fiscal se adecúe a la realidad que venimos viviendo, y que las relaciones laborales se definan en el ámbito del Diálogo Social, con medidas adecuadas, tomadas en tiempo y forma, y que preserven el interés general, más allá de visiones interesadas o cortoplacistas.

En referencia al Diálogo Social, y como iniciativa a destacar, quisiera mencionar el reciente Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía, firmado el 30 de julio por parte del Gobierno Andaluz y los principales Agentes Sociales de la región, empresarios y sindicatos, y ratificado provincialmente en Málaga el 6 de octubre.

Este acuerdo, fruto de un proceso de diálogo y reflexión, refleja a nuestro juicio la intención de construir un futuro sustentando por la colaboración, el entendimiento y el compromiso con Andalucía y con Málaga. El texto se articula en cinco ejes principales: prevención sanitaria y social; relanzamiento del empleo y actividad empresarial; fortalecimiento de los servicios públicos y la administración pública; impulso de los sectores productivos, y elementos institucionales para la reactivación económica.

Y, pivotando sobre ellos, se incluyen medidas de alcance global de las que quisiera destacar las siguientes, por su afectación directa en el tejido productivo:

  • Mantener la financiación empresarial.
  • Fomentar la flexibilidad laboral.
  • Afianzar el protagonismo de nuestras empresas en los mercados internacionales.
  • Crear una Oficina de Acompañamiento Empresarial para la captación de proyectos europeos.
  • Consolidar la estructura financiera de las empresas industriales.
  • Avanzar en la transición ecológica y digital, especialmente de la mano de las pymes.
  • Mejorar la normativa, agilizando y simplificando procedimientos, promoviendo un entorno de seguridad jurídica estable.
  • Fomentar el aumento de la dimensión de las empresas.

Todas estas medidas, articuladas en líneas concretas y orientadas tanto de forma general como hacia los sectores específicos que más lo necesiten en cada caso, vienen a promover la actividad económica y empresarial, con el fin de que podamos enfrentarnos a los retos que, más allá de lo inmediato, se nos presentan en el medio y largo plazo: el fortalecimiento de la industria, la implantación de la digitalización entre pymes y autónomos, la consolidación del teletrabajo, el apoyo a la innovación…

Y entre estas iniciativas, hay cinco cuestiones estratégicas para la reactivación de la economía y con ella del tejido productivo, que urge abordar:

  1. Financiación.
  2. Internacionalización.
  3. Seguridad jurídica.
  4. Agilización de trámites.
  5. Digitalización.

Sin olvidar que todo ello debe desarrollarse en un necesario marco de Responsabilidad Social, en línea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que han de ser elementos guía para la toma de decisiones futuras.

Para esto, tenemos también el acicate de los recursos excepcionales que Bruselas está conformando, para respaldar la transformación y la modernización de la economía, y que han de apuntalar la construcción de un porvenir inclusivo y sostenible.

Porque nuestra vista debe estar siempre puesta en la reactivación, con una visión proactiva del futuro. Sólo así podremos salir adelante, tanto individualmente como en sociedad.

A pesar de las dificultades reseñadas, resulta indudable que Málaga es una provincia dinámica y con grandes posibilidades a todos los niveles. Nuestra tierra es un destino preferente para la captación de inversiones, para la generación de nuevas iniciativas empresariales, como demuestra su liderazgo andaluz en este ámbito, y también –como demuestra el crecimiento continuado de su población activa- para la atracción de profesionales de muy diversas procedencias.

Por ello, creo oportuno recordar algunas fortalezas de nuestra provincia:

  • Ventajas naturales, como he mencionado, por su ubicación geográfica, su acceso al mar, climatología, infraestructuras, comunicaciones y accesos (aeropuerto, puerto y AVE).
  • El propio mercado de trabajo. Málaga cuenta con un nivel cultural y de estudios medio-alto y acceso a centros de formación continua tanto públicos (UMA y UNED) como privados (Escuelas de Negocios, de idiomas, etc).
  • Grado de apertura de la economía malagueña. Interés de las entidades implicadas por abrir los mercados y la economía haciéndola más competitiva.
  • Posibilidades para el emprendimiento, con una buena red de incubadoras de empresas disponibles en toda la capital y localidades circundantes bien posicionadas para la generación de iniciativas empresariales.
  • Un entorno tecnológico y de conocimiento cuyo soporte fundamental son la Universidad y el Parque Tecnológico.
  • Una red de agentes económicos activos, con organismos públicos y privados que manifiestan una buena disposición para el diálogo y la colaboración, entre otros.

Y refiriéndonos en concreto a las empresas, ha sido una realidad palpable en estos duros meses de pandemia que nuestro tejido productivo tiene la capacidad de reinventarse y sobreponerse, de mostrar solidaridad y capacidad innovadora, y de ejercer un papel tractor frente al conjunto de la sociedad civil.

Lo hemos visto durante el confinamiento, cuando a pesar de las restricciones numerosos sectores del ámbito privado han mantenido vivas las cadenas de producción y distribución alimentaria, de suministro energético, han apoyado desde la sanidad privada los esfuerzos de nuestros profesionales de la salud pública, han garantizado -y aquí desde AMES tenéis todo el protagonismo- la seguridad de los ciudadanos, junto con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado…

Porque las empresas no sólo ofrecen productos y servicios, sino que ejercen una función social que se ha venido manifestando muy especialmente en este tiempo a través de la solidaridad y de su firme compromiso.

En situaciones extremas, son las empresas las que innovan, las que construyen respiradores de la nada o las que dejan sus líneas de producción para hacer mascarillas o batas. Son las empresas las que han dado soluciones técnicas a los distanciamientos, las que han salido al mercado digital, las que han creado nuevos productos y procesos para atender circunstancias excepcionales, facilitando mantener la actividad productiva, en conjunción con la promoción de la salud pública.

Y en este tiempo hemos podido constatar también algo muy importante: que no sólo la provisión pública garantiza los derechos. Así, se declararon esenciales sectores como las telecomunicaciones, la energía, el comercio de alimentación, las entidades financieras, el transporte o el sector sanitario, y hemos visto como, a pesar de la intensidad de la demanda, no se ha caído internet, ni la oferta energética; no ha habido desabastecimientos en alimentación, la logística ha seguido funcionando perfectamente o las farmacias han estado abiertas en todo momento.

Y quisiera mencionar también el papel relevante que asumimos las Organizaciones empresariales desde el comienzo de la pandemia, reconociendo la triple función que hemos realizado: Por una parte, informando a nuestros asociados de las novedades que se iban produciendo en el día a día; en segundo lugar, trasladando a las autoridades las legítimas y necesarias reivindicaciones de los distintos sectores; y en tercer lugar, la función que hemos asumido de promover la Paz Social, la convivencia y el diálogo.

En estos tiempos complicados, debemos seguir impulsando el asociacionismo como una herramienta básica para presentar un frente unido con el que defender nuestros intereses y nuestros puntos de vista, para intercambiar información y trabajar para ser más competitivos y servir así al bien general. Más que nunca, las empresas necesitan de un referente que las acompañe y las represente, y ejercer este papel esencial debe ser para todos nosotros una prioridad.

Desde AMES, en el ámbito de la seguridad privada, venís realizando esta labor desde hace 30 años, defendiendo la profesionalidad y el buen hacer dentro de vuestro sector, y sensibilizando a la sociedad acerca de la importancia de la seguridad privada, y en esta línea debéis seguir en el futuro.

Para finalizar, permitidme una última reflexión: Sin duda, nos enfrentamos a grandes retos, algunos a escala global y otros más cercanos. Con el concurso de todos, aunando lo público y lo privado, sumando esfuerzos y diseñando estrategias de largo alcance, con lealtad y responsabilidad, estoy segura de que sabremos afrontarlos.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD

D. Jorge Salgueiro
Director Legal de FES. Presidente de AECRA. Y Abogado experto en Materias de Seguridad Privada.

Una Federación Empresarial como FES formada por Empresas, y Asociaciones Empresariales, no ha estado ajena a esta crisis del Covid 19.

La estrategia y misión de FES durante esta Crisis Sanitaria se ha dirigido a analizar los problemas planteados por sus asociados y en procurar buscar soluciones jurídicas para que los mismos continuaran prestando sus servicios de seguridad a sus clientes, dada la condición de servicios esenciales con motivo del Estado de Alarma.

Sin duda alguna, que las dificultades que nos hemos encontrado han sido máximas, y que dicha crisis nos ha hecho replantearnos muchísimas de las acciones e iniciativas que deben emprenderse desde la Federación los próximos meses y en el año 2021.

Los escenarios en que se han visto inmersos, tanto el personal como las empresas de Seguridad, no han encontrado respuesta adecuada en la actual normativa laboral y de seguridad social.

Hemos presenciado dificultades a nivel económico procedentes del cierre de los usuarios de los servicios de seguridad y ante todo percibido la dificultad de poder seguir desarrollando sus actividades tanto nivel comercial como en la ejecución de los servicios obligados. Ello provocó en muchos casos la clara necesidad para las Empresas de Seguridad de tener que recurrir a los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal.

A nivel operativo, las Empresas de Seguridad han tenido que improvisar en la organización del trabajo para frenar el contagio de su personal y evitar que los servicios que prestan se vieran interrumpidos con lo que ello hubiera implicado a nivel de reprobación por la normativa de la seguridad Privada ante una posible infracción administrativa.

El recurso al teletrabajo ha planteado igualmente un problema para las Empresas de seguridad dadas las limitaciones impuestas por la normativa de seguridad privada a los efectos de su uso.

FES desde el inicio de esta crisis y ante la declaración del Estado de Alarmadestinó sus esfuerzos en realizar propuestas ante nuestras autoridades competentes dirigidas a obtener protocolos y procedimientos sanitarios a nivel sectorial que adaptaran sus actividades a sus obligaciones como Empresa de Seguridad.

La Federación Española de Empresas de Seguridad asume los retos y desafíos de trasladar a sus asociados, las pequeñas y medianas Empresas de Seguridad, nuevos escenarios de servicios en dónde la digitalización e inversión en tecnología con una vocación de personalización, constituirán los ejes fundamentales diferenciadores en los servicios de seguridad privada.

Todos los estudios del Ministerio de Industria de España destacan estos meses, que la pequeña y mediana Empresa constituye el 97% del tejido productivo español y proporciona el 72% del empleo de nuestro país. Nuestra esperanza es que la demanda de servicios especializados de seguridad privada crezca los próximos meses dado que los costes fijos van a verse incrementados y los ingresos disminuirán.

Desde FES estamos trabajando en promover y solicitar cambios normativos que garanticen la transformación digital en los próximos años y para ello también precisamos el apoyo de la Unión Europea en dicho proceso de digitalización, no sólo centrado en lo ocurrido con los Avales del ICO.

Hay una cuestión que nos preocupa enormemente en FES centrada en la imagen y conocimiento que la Seguridad Privada tiene para los ciudadanos españoles. En esta línea creemos fundamental promover una política de conocimiento de la seguridad privada en la ciudadanía como beneficio para el interés general, frente al delito, beneficio para la Seguridad Ciudadana.

En este sentido, respecto del fenómeno de la ocupación actual, los servicios de seguridad privada a través de sistemas de seguridad conectados a CRA se revela como una medida efectiva preventiva frente a la ocupación antes de que se produzca.

Por último, somos conscientes de la necesidad de avanzar en nuestros modelos y contenidos de servicios prestados y para ello debemos garantizar normativamente la participación de otras seguridades en los modelos de servicios de seguridad privada ante necesidades a satisfacer por los ciudadanos y usuarios de seguridad como la seguridad informática y ciberseguridad en los nuevos bienes a proteger.

Pero claro ante dicha situación, no podemos ignorar que nuestro personal debe contar con una formación adecuada en la ejecución de los servicios prestados y por ello queremos desarrollar de forma la especialización del personal de seguridad privada y avanzar en la promoción de su carrera profesional.

CONCLUSIONES PERSONALES ANTE NUEVOS RETOS NORMATIVOS.

Actualización marco normativo de la seguridad privada:

Nuestras propuestas se centraban recientemente en la aprobación de un nuevo Reglamento de Seguridad Privada que concrete, matice y desarrolle garantizando una adaptación del sector de la seguridad privada a las nuevas realidades y amenazas que afectan a la seguridad pública, planteada como herramienta que beneficie a la seguridad ciudadana y suma de seguridades.

  • Desde FES apostamos por un Reglamento de Seguridad Privada que desarrolle y concrete los aspectos más importantes de la vigente Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada. Sin embargo tampoco es obstáculo sabiendo los cambios existentes en el sector de la seguridad privada, con clara reconversiones en sectores como la vigilancia de bienes o el transporte de efectivo abordar con consenso, una actualización básica de la vigente Ley de Seguridad Privada.
  • Facilitar la adaptación de la pequeña y mediana empresa de seguridad a la transformación digital con claro beneficio a la mejora de la calidad de sus servicios. Situación del teletrabajo en la seguridad privada.
  • Necesidad imperiosa de contar con una Administración digital desde la Seguridad Publica que dé seguridad jurídica a sus relaciones con la Seguridad privada para garantizar los cumplimientos normativos por las Empresas de Seguridad.
  • Promover una política y cultura de conocimiento de la seguridad privada a la ciudadanía española como beneficio para el interés general frente al delito, beneficio para la Seguridad Ciudadana. La Seguridad privada se puede convertir una herramienta más que valida de medida prevención del delito tales como el delito de allanamiento de morada o el de usurpación de bienes inmuebles hoy lamentablemente de tanta actualidad.
  • Promover la especialización del personal de seguridad privada y el desarrollo de su carrera profesional. Fomento del empleo de calidad.
  • Especialización de los perfiles profesionales del personal que desempeña funciones de seguridad privada. Ámbito universitario y formación profesional.
  • Establecer un nuevo modelo y marco normativo para los establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad.
  • Garantizar el respeto al principio competencia en los contratos de servicios de seguridad en la Administración pública. Os pongo el ejemplo de limitación a libre concurrencia que viene produciéndose en la contratación pública con algunos concursos que dejan fuera en dicha contratación a la pequeña y mediana empresa de seguridad.

UNIDAD TERRITORIA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

D. Antonio Bolívar
Inspector, jefe de la UTSP

Desde que se decretase el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, la Policía Nacional de Málaga ha trabajado intensamente para implementar los mandatos que, en el ámbito de sus competencias, iba recogiendo la ingente normativa que han elaborado las distintas Autoridades tanto estatales como autonómicas de cara a gestionar esta crisis sanitaria. En varios de los textos aprobados durante estos meses, se hace expresa alusión a la presencia del sector de la seguridad privada en la gestión de esta compleja situación, dejando con ello patente el importante papel que han tenido que desempeñar tanto las empresas de seguridad como su personal, circunstancia esta que viene a redundar en la incuestionable función social que este sector viene desempeñando en nuestra sociedad.

En este sentido, la Unidad Territorial de Seguridad Privada (UTSP), ha recibido durante estos meses multitud de consultas sobre cómo afectaban las órdenes ministeriales y demás textos normativos a la actividad del sector, siendo una de las cuestiones más comentadas por las empresas de seguridad privada ha sido la relativa a la gestión de personal para la reposición de puestos en caso de contagios o aislamientos preventivos, de cara a garantizar la necesaria prestación de los servicios contratados.

Por su parte, el personal de seguridad privada ha trasladado a la UTPS numerosas cuestiones relativas al contenido de la Orden INT/369/2020 de 24 de abril, por la que se autorizaba la formación permanente durante 2020 íntegramente en su modalidad no presencial y se prorrogaban por 6 meses la validez de la documentación profesional. Hay que decir también que la situación laboral que la crisis ha generado entre la población ha provocado que un gran número de ciudadanos miren hacia la seguridad privada como alternativa profesional, a juzgar por las numerosas consultas y dudas recibidas en la Unidad en este sentido.

Con el fin de alcanzar el nivel de coordinación entre los servicios de seguridad privada y las FFCCSS que la situación requería, la UTSP actuó como enlace entre ambos sectores en cuantas situaciones de intervención conjunta ha habido que abordar.

Como cualquier otro órgano, público o privado, la UTSP no ha sido una excepción a la hora de padecer las consecuencias asociadas a la crisis sanitaria. A ello hay que sumar la dedicación de parte de nuestros agentes a las labores de control de orden público para la vigilancia del cumplimiento de las restricciones impuestas durante el estado de alarma. La consecuencia directa ha sido una considerable merma en el personal operativo adscrito al grupo especialmente durante el tiempo de vigencia del estado de alarma, lo cual se ha traducido en una reducción de nuestra actividad ordinaria.

Se han implementado cambios promovidos por esta situación extraordinaria, entre ellos la adopción de las obligatorias medidas higiénicas y de seguridad para el acceso a nuestras dependencias y la implantación de un sistema de cita previa para la atención del personal y las empresas. Además, se ha puesto en marcha la aplicación de gestión administrativa REGPOL que permite trabajar 100% en formato digital para realizar cualquier trámite, reduciendo los plazos de respuesta de la Administración.

Por último, cabe recordar que buena parte de la actividad de la UTSP durante el estado de alarma se ha centrado en el desempeño de nuestras competencias como Interlocutor Policial Territorial Sanitario, multiplicando los contactos y atención hacia el sector sanitario con el fin de colaborar en el mantenimiento de los índices de seguridad adecuados para el buen funcionamiento de la actividad sanitaria, absolutamente clave y central para la superación de la crisis. En estas tareas, los miembros de la UTSP han propiciado la concienciación de los responsables sanitarios para que la seguridad de sus instalaciones constituya un objetivo prioritario dentro de sus criterios de gestión, contribuyendo así a la difusión de la cultura de la seguridad entre los profesionales sanitarios de dicha licitación.

INTERVENCIÓN DE ARMAS Y EXPLOSIVOS DE LA COMANDANCIA DE LA GURADIA CIVIL DE MÁLAGA

D. Antonio Martínez
Teniente, Interventor de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga

SITUACIÓN ACTUAL PROVOCADA POR EL COVID-19 EN LAS RELACIONES ENTRE EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA Y GUARDIA CIVIL.

Durante el estado de alarma, la Intervención de Armas y Explosivos tuvo que atender otros cometidos genéricos de Seguridad Ciudadana, reduciéndose la capacidad de dar respuesta a las empresas del sector, aminorándose los medios de interlocución (teléfono, correo electrónico…).

Sin embargo, la sede electrónica siempre ha estado operativa, y aunque la Guardia Civil no está por el momento insistiendo en el cumplimiento de la obligación de comunicarse vía telemática de las personas jurídicas con la administración (regulado por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo), si que es una vía que debería empezar a ser explorada por las empresas (sobre todo en procedimientos simples como son las renovaciones/actualizaciones de las licencias de armas tipo C del personal).

Actualmente se sigue prestando atención personal previa obtención de Cita Previa por vía telemática, siempre cumpliendo con la normativa vigente en cuanto a los requisitos generales sanitarios (uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, distancia…). Además, de comprender que hay situaciones en las que se pueden explicar de esta forma hechos, incidentes, sucesos, y a esta unidad nos permite entender, así como, hacer una composición de lo ocurrido.

Con respecto a los siguientes ámbitos en los que tenemos relación y siempre que la legislación no se vea modificada:

  • Exámenes para obtención de licencia de armas tipo C. Se han vuelto a llevar a cabo, empezando en septiembre.
  • Inspecciones por parte del Equipo de esta Intervención de Armas, se realizan con normalidad.
  • Ejercicios de Tiro de Calificación (obligatorio), se están realizando según lo planificado (semana del 14/18 en septiembre, 19/23 en octubre, 16/20 en noviembre, tiro de incidencias 2 de diciembre y de recuperación 16 de diciembre). Las modificaciones que se han introducido como adaptación a las exigencias que nos ha impuesto el COVID-19: reducción en el número de vigilantes que componen la línea de tiro facilitando la distancia interpersonal (6 personas), uso de mascarilla, la instalación cuenta con gel hidroalcohólico, y en lo relacionado con el arma de fuego y la cartuchería, dado que es proporcionado por cada empresa, se ajustarán a los protocolos que cada una haya adoptado.

Desde AMES, queremos agradecer a todos los participantes por sus intervenciones, las cuales, nos han servido todos para conocer, como se esta viviendo esta Pandemia, en los diferentes sectores a los que ellos representan.

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